El transporte por carretera consume alrededor del 39% de la energía final del país y constituye para muchas empresas la mayor parte de su huella de carbono. Se trata, pues, de uno de los principales contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes del aire, que no sólo aceleran el cambio climático sino que se estiman responsables de más de 20.000 muertes prematuras según indica la Agencia Europea del Medio Ambiente.

En respuesta a esta situación, la descarbonización del transporte es crucial para alcanzar la meta de neutralidad climática en la economía para 2050. Con este objetivo la nueva Directiva europea de reporte en materia de Sostenibilidad (CSRD) obliga a más de 50.000 empresas europeas a cumplir con una serie de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo; los llamados criterios ESG. 

Entre los factores ambientales se incluyen aquéllos que afectan a toda la cadena de valor, incluyendo las emisiones de CO2 de los propios proveedores (emisiones de alcance 3),  y obligando de forma indirecta a que éstos controlen su propia huella de carbono (alcance 1) para poder ser competitivos en un mercado que apuesta por la responsabilidad a todos los niveles.